PERSECUCIÓN AUTORITARIA

La subasta de medicamentos es una iniciativa pionera de la Junta de Andalucía que pretende ahorrar en gasto farmacéutico reduciendo los márgenes de beneficio de las multinacionales del sector para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido impugnar por TERCERA VEZ esta medida cargada de sentido común que antepone a las personas frente las ganancias de los grandes laboratorios. No se entiende esta contumaz actitud de boicoteo cuando el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre los dos anteriores a favor de la Junta y ha levantado la suspensión cautelar que imponía el Ejecutivo de la nación.

Resulta una evidencia empírica que el Ministerio de Ana Mato ha iniciado una persecución ideológica contra Andalucía. Les molesta a estas gentes de la derecha que la comunidad autónoma marque un camino distinto para salir de la crisis. ¿No será mejor bajar el coste de los medicamentos y hacer los ajustes reduciendo las cuentas de resultado de la industria farmacéutica? En cambio, el Gobierno de Rajoy se empeña en sabotear una medida que supone un ahorro de 200 millones porque prefieren que los recortes los sufran los ciudadanos a través del copago, la reducción de la oferta de servicios y la pérdida de calidad del trabajo que se viene realizando en el sistema sanitario público andaluz. El Consejo de Ministros agrede a Andalucía (como ya hizo el presidente en el debate del estado de la nación) porque no soporta un modelo como el andaluz que señala una forma distinta de hacer las cosas y que demuestra que la única vía posible no es ni la privatización, ni el cierre de centros, ni el despido de trabajadores.

La decisión tomada por el Ejecutivo de la nación se puede considerar un claro abuso de poder, destila una alarmante dinámica autoritaria y constituye una elocuente falta de respeto a otras instituciones, a la Junta y especialmente al Constitucional. ¡Cómo se reincide en el error cuando en dos autos el alto tribunal sostiene que frenar esta iniciativa ocasiona “un grave quebranto económico en la hacienda pública autonómica”!. Es lamentable que el gabinete que preside Rajoy esté más preocupado en torpedear la sostenibilidad y eficiencia del sistema sanitario andaluz, que es y será público y universal, y en relegar el interés ciudadano por el negocio de la industria farmacéutica. Inexplicable. (Miguel Ángel Vázquez)