SUSPENSO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Ante el estupor colectivo, atónito e indignado, una especie de revivalmacabro parece instalarse sigilosamente. No solo continúa la avalancha de embestidas contra nuestro maltrecho Estado de bienestar, sino que se hace realidad una polarización social creciente en favor de quienes disponen de mayores niveles de renta. Todo ello en detrimento de los servicios públicos, que se van desmantelando a ritmo de real decreto con condimento privatizador.

Uno de los principales logros de los sistemas democráticos en las sociedades desarrolladas es el progresivo afianzamiento de la igualdad de oportunidades como principio de referencia. Conviene recordar, en estos tiempos atribulados, que su implementación supone el acceso igualitario a servicios públicos esenciales —como educación, sanidad o protección social—, al mercado laboral y al desarrollo personal, con independencia de los condicionantes naturales o socioeconómicos, de origen o sobrevenidos a lo largo de un ciclo vital. Esta aspiración concurrente, que informa la cohesión social, se construye sobre la consolidación de derechos básicos, el establecimiento de una serie de prestaciones universales y la provisión de medidas compensatorias para los más desfavorecidos.

Sin embargo, en la reválida de esta materia, España cosecha una baja puntuación. A finales de 2010 nuestro país obtiene un 0,33 sobre 1 en el índice sintético de igualdad de oportunidades (ISIO), elaborado por la Fundación IDEAS, que engloba variables relativas a educación, mercado laboral, nivel de pobreza y de renta. Esto significa un empeoramiento de un 45,8% desde la crisis. Como consecuencia, la igualdad de oportunidades ha retrocedido a niveles de 1998. Es más, acusa un descenso acelerado en los últimos años a causa de las medidas de austeridad y recorte.

Tan dramática situación refleja, en gran parte, la reducción de las políticas redistributivas para combatir las desigualdades generadas en un contexto de continuada recesión e incremento del desempleo. Se ha originado, por tanto, un profundo deterioro en términos de igualdad de oportunidades y, correlativamente, en los niveles de calidad de vida. Las políticas de ajuste y los severos recortes agravan tanto tales efectos que cercenan el desarrollo futuro de una sociedad en la que los ciudadanos puedan impulsar sus proyectos personales de manera efectiva e igualitaria.

Ni siquiera hemos aprendido de las fallidas experiencias del pasado. En opinión de Intermon-Oxfam, España podría alcanzar los "18 millones de pobres en una década" (casi el 40% de la población) si se mantienen las imperantes medidas de austeridad y los recortes sociales, tal y como sucedió en América Latina y el Este Asiático en los años ochenta y noventa, lo que supondría retardar 25 años la recuperación del nivel de bienestar social anterior a la crisis.Diferentes estudios publicados recientemente coinciden en destacar aspectos especialmente alarmantes relacionados con el incremento del riesgo de exclusión social en nuestro país. Así, Unicef-España, al analizar el impacto de la crisis en los niños, llamaba la atención sobre el elevado nivel de pobreza infantil alcanzado en 2010 (26,2% de la población menor de edad) y el paulatino agravamiento de su intensidad. Por su parte, Foessa y Cáritas Española, o la Fundación Encuentro, en la valoración de la realidad social de 2012, alertan sobre la pérdida de capacidad de igualación social que venía desempeñando la educación. Esto se produce, fundamentalmente, como consecuencia del retroceso en algunos derechos sociales básicos mediante recortes indiscriminados impuestos por un modelo de marcado corte neoliberal. También, de manera especialmente ostensible, en el ámbito sanitario, donde los más débiles están empezando a sufrir ya de modo dramático las peores secuelas.

Para combatir el suspenso español en igualdad de oportunidades, la Fundación IDEAS, en su trabajo "el persistente reto de oportundades laborales en España", aboga por una intervención pública reactivadora que incida positivamente en la movilidad social de los individuos, tanto intergeneracional como intrageneracional. Un Estado proactivo proporcionará alternativas y soluciones que se adelanten a las posibles situaciones de desigualdad y eliminen las ya existentes. Tal acción ha de conjugar medidas predistributivas —dirigidas a que el entorno inmediato de una persona no condicione sus posibilidades ulteriores—, con acciones correctoras redistributivas, que aseguren que las opciones de progreso no estén obstruidas por circunstancias específicas de vulnerabilidad. Esa combinación cobra especial significado en la actualidad, cuando es prioritario dar respuesta a las necesidades más perentorias de una parte de la sociedad aquejada por las demoledores consecuencias de la crisis y el tipo de políticas de austeridad que se aplican.

Está en juego el tipo de sociedad hacia el que avanzamos y el impacto sobre las próximas generaciones. Por ello, la apuesta estratégica de futuro sitúa las oportunidades efectivas e iguales de todas las personas en el centro de la acción pública.

FUENTE:Diario el país.