A todas las personas, que tienen
reconocida hasta la fecha algún tipo de prestación por la Ley de
Dependencia, van dirigidos los últimos
recortes aprobados por el Gobierno, que han entrado en vigor el pasado 1
de agosto. Todos ellos se verán afectados de una u otra manera por los
cambios introducidos en el Real Decreto-Ley 20/2012. Para empezar, las personas encargadas del cuidado de algún familiar dependiente
verán recortada la paga que reciben en un 15% a partir de este mes, lo
que significa que el importe medio de la prestación económica no será de
400 euros sino de 340. Todos ellos dejarán además de
cotizar a la Seguridad Social, como hasta ahora. Los recortes afectarán
también a los que disfrutan de ayuda a
domicilio, ya que se reduce el número de horas a las que los
dependientes tienen derecho. Si antes los grandes dependientes podían
tener un máximo de 90 horas mensuales, ahora no podrán superar las 70, y
un dependiente severo tendrá cobertura hasta un máximo de 45 horas, en
lugar de 55.
Los cambios legislativos plantean un doble rasero para las personas
dependientes. Las que ya tienen la prestación reconocida, aún viendo
mermadas las ayudas que reciben, serán mejores que las de aquellas que
se incorporen al sistema a partir de ahora, ya que la ley concentra los
seis niveles de dependencia que existían en tres únicas categorías con
asignaciones medias más bajas y con una aportación estatal mínima por
persona que desciende hasta un 30%. Esto quiere decir que si antes las
comunidades autónomas recibían de 181 a 266 euros del Estado para pagar
la prestación de un gran dependiente, ahora recibirán como máximo 177,86
euros. Lo que no se sabe es quién deberá asumir el coste que el Estado
dejará de abonar y si acabará recayendo sobre los usuarios. Asimismo, la
valoración del copago aplicable al dependiente ya no tendrá en cuenta
solo los ingresos económicos sino el patrimonio de los solicitantes.
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