El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha
denunciado que las decisiones trasladadas por el Gobierno en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera (CPFF) suponen una "discriminación sobre
Andalucía" que "pone en riesgo" la sanidad y la educación públicas.
Griñán ha calificado de "ataque clarísimo" a los intereses
de Andalucía el reparto de los límites de endeudamiento entre las
comunidades autónomas establecido por el Gobierno central en la reunión
del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha exigido en
nombre de los andaluces "igualdad y trato justo".
El presidente andaluz ha anunciado que el Consejo de
Gobierno aprobará hoy, 2 de agosto, en una reunión extraordinaria, la
interposición de los recursos jurídicos que sean necesarios para
"defender los intereses generales de Andalucía".
La Junta requerirá al Ejecutivo central la "revisión" de
estas medidas, que perjudican "notablemente" a la comunidad y
solicitará, de forma previa a la Conferencia de Presidentes autonómicos
del próximo mes de septiembre, la convocatoria de un Pleno
extraordinario en el Parlamento de Andalucía con la intención de que la
comunidad "asista a dicha Conferencia con una voluntad, a ser posible
unánime, de la Cámara en defensa de los intereses que compartimos".
Asimismo, el presidente de la Junta ha explicado que el
Gobierno andaluz va a iniciar una ronda de reuniones con los agentes
económicos sociales de la comunidad "al objeto de conformar un acuerdo
social común frente a lo que consideramos como un ataque frontal a la
educación y a la sanidad públicas y, muy en particular, al bienestar de
los andaluces y andaluzas".
Perjudica a las comunidades que redujeron su deuda
Los acuerdos del CPFF ponen "en peligro" la sanidad, la
educación y los servicios sociales públicos, ha dicho Griñán, quien
además ha señalado que perjudican a las comunidades que, como Andalucía,
redujeron su deuda y benefician a aquellas que la aumentaron.
Los dos puntos sobre el PIB que Andalucía tiene que
recortar, según comunicó el Gobierno en el CPFF, suponen un recorte de
2.735 millones que abocaría a la región a cerrar 19 hospitales, o a
despedir 60.000 empleados públicos o a cerrar la mitad de colegios de la
región.
Por tanto, no se trata, según el presidente de la Junta, "de
una contienda entre la Administración central y las comunidades
autónomas", sino de "un ataque generalizado contra la educación y la
sanidad públicas" cuyo "destinatario fundamental es Andalucía".
Esta decisión fue tomada "sin anunciarla previamente, al
menos a la Junta de Andalucía" y choca "contra la lógica más elemental,
la que nos dice que son las CCAA que tienen un mayor endeudamiento las
que deben hacer un esfuerzo por reducirlo", en vez de las regiones que,
como Andalucía, "han hecho sus deberes y tienen hoy menor endeudamiento
del que se había fijado como objetivo".
Griñán le trasladó al presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, en la reunión que mantuvieron el 30 de julio, que "España se ha
comprometido a unos objetivos que Andalucía apoya" y le facilitó un
cuadro de distribución del déficit entre la Administración central y las
comunidades autónomas que el jefe del Ejecutivo se comprometió a
estudiar.
Sin embargo, el presidente de la Junta ha criticado que "la
respuesta vino en el CPFF", donde "no solamente no se modificó la
distribución del déficit, que ya de por sí es lesiva para la sanidad y
la educación, sino que además incluyó una cláusula de nivel de
endeudamiento de la que nadie nos había avisado".
"Andalucía ha mostrado siempre su voluntad de cumplir y
siempre vamos a defender el valor de España", ha dicho Griñán, que ha
puesto de manifiesto también que "discriminar a Andalucía es la peor
forma de defender a España".
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