SENTENCIA CONTRA GARZÓN

Madrid, 9 de febrero de 2012.-El Portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, ha comparecido en la sede de Ferraz para hacer una valoración de la decisión del Supremo de condenar a 11 años de inhabilitación al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación en las escuchas de Gürtel.

 El político socialista ha dejado claro que “desde el Partido Socialista se respeta y se acata la sentencia de todo tribunal y si se trata del Tribunal Supremo español, si cabe, todavía más”.

 “Dicho esto-dijo- queremos mostrar nuestro grado de preocupación porque el juez Baltasar Garzón se ha distinguido a lo largo de su trayectoria profesional por ser una persona, un juez, un profesional que ha luchado de manera incansable contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la corrupción”.

 “Por lo tanto, tengo que decir que no nos gusta, aunque no hemos tenido ocasión de ver con detenimiento la sentencia, ver que un juez español con este perfil sea condenado por un delito tan grave y que, curiosamente, además, sea el primer condenado en una trama gravísima de corrupción y es el juez instructor la primera persona que resulta condenada. Yo creo que a cualquier ciudadano de a pie esto le causa extrañeza y a nosotros nos causa, no solo un tanto de extrañeza, sino preocupación”, concluyó.

 

NOTA DE BALTASAR GARZÓN REAL ANTE LA SENTENCIA DE LA SALA 2 DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA EL MISMO

Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.
Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.
He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.
Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.
Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.
Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.
La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Asimismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.
Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.
Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.
Madrid a 9 de febrero de 2012