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| Foto: EFE |
Los sindicatos CCOO y UGT van a iniciar a partir del próximo 19 de febrero una campaña de movilizaciones creciente y sostenida contra la reforma laboral y han supeditado la convocatoria de una huelga general al apoyo de la sociedad y a que el Gobierno cambie en la tramitación de la norma lo aprobado.
Este sábado, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, se han reunido acompañados de sus respectivas ejecutivas para analizar la reforma aprobada por real decreto-ley, pero que va a ser tramitada como proyecto de ley.
En rueda de prensa conjunta, Toxo ha dejado claro que no va a ser el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien les fije cuándo han de ir a la huelga.
Ahora lo que toca es concienciar a la sociedad y a los trabajadores de los cambios introducidos en la reforma laboral, ha destacado Méndez, que ha precisado que esa labor "pedagógica" se iniciará en la manifestación que han convocado para el próximo día 19 de febrero en todas las calles de España.
A la pregunta de si temen que los ciudadanos no quieran la huelga, Toxo ha respondido que lo que percibe es que la sociedad quiere soluciones al paro y no una respuesta "explosiva" de un día.
La idea es que el 19 de febrero se convierta en un clamor contra la reforma laboral, ha indicado Toxo, para quien la reforma lo que hace es abaratar el despido, lo que la convierte en "radical", no está justifica y va a tener un efecto contrario al deseado porque a corto plazo va a seguir la destrucción de empleo.
Además, ha considerado que la reforma ha venido impuesta por organismos internacionales como el FMI y el BCE, por los gobiernos alemán y francés y se ha redactado con la pluma de la CEOE y Fedea.
Al respecto, Méndez ha afirmado que el Gobierno la ha aprobado porque actúa como si España fuera un país intervenido, al igual que Portugal.
En su opinión, el Ejecutivo de Mariano Rajoy actúa "sin autonomía y ha asumido la lógica de que el país está intervenido", ha insistido.
De la reforma también ha dicho que es "inútil" y "desequilibrada" y ha calificado de "letal" que las empresas que tengan caídas de ingresos o ventas durante tres trimestres puedan despedir con 20 días.
A medio plazo ha pronosticado que habrá más precariedad, porque la única vía de salida a la crisis implantada es el despido, lo que vendrá acompañado de elevados niveles de desempleo y baja productividad, que se traducirá en un mayor empobrecimiento de la sociedad.
Del nuevo contrato indefinido para pymes y autónomos Méndez ha opinado que es una manera "burda" de reducir estadísticamente los contratos temporales.
Entretanto, la reforma laboral ha sido hoy publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que ha permitido conocer la letra pequeña.
Así, el empresario podrá unilateralmente recortar sueldos y jornadas, fijar vacaciones, suspender contratos y cambiar las funciones de sus trabajadores si existen "probadas" razones económicas, técnicas, organizativas o de producción bien de forma individual o de colectiva.
Los representantes de los trabajadores dejarán de ser los únicos que tienen prioridad para permanecer en una empresa que presenta un ERE. Ahora se extiende a asalariados con cargas familiares, mayores de determinada edad o discapacitados.
Al mismo tiempo, desaparece la limitación -antes tenía que afectar a un mínimo de 100 asalariados- para que las empresas con beneficios despidan y se hagan cargo de parte de ese coste.
Este sábado, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, se han reunido acompañados de sus respectivas ejecutivas para analizar la reforma aprobada por real decreto-ley, pero que va a ser tramitada como proyecto de ley.
En rueda de prensa conjunta, Toxo ha dejado claro que no va a ser el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien les fije cuándo han de ir a la huelga.
Ahora lo que toca es concienciar a la sociedad y a los trabajadores de los cambios introducidos en la reforma laboral, ha destacado Méndez, que ha precisado que esa labor "pedagógica" se iniciará en la manifestación que han convocado para el próximo día 19 de febrero en todas las calles de España.
A la pregunta de si temen que los ciudadanos no quieran la huelga, Toxo ha respondido que lo que percibe es que la sociedad quiere soluciones al paro y no una respuesta "explosiva" de un día.
La idea es que el 19 de febrero se convierta en un clamor contra la reforma laboral, ha indicado Toxo, para quien la reforma lo que hace es abaratar el despido, lo que la convierte en "radical", no está justifica y va a tener un efecto contrario al deseado porque a corto plazo va a seguir la destrucción de empleo.
Además, ha considerado que la reforma ha venido impuesta por organismos internacionales como el FMI y el BCE, por los gobiernos alemán y francés y se ha redactado con la pluma de la CEOE y Fedea.
Al respecto, Méndez ha afirmado que el Gobierno la ha aprobado porque actúa como si España fuera un país intervenido, al igual que Portugal.
En su opinión, el Ejecutivo de Mariano Rajoy actúa "sin autonomía y ha asumido la lógica de que el país está intervenido", ha insistido.
De la reforma también ha dicho que es "inútil" y "desequilibrada" y ha calificado de "letal" que las empresas que tengan caídas de ingresos o ventas durante tres trimestres puedan despedir con 20 días.
A medio plazo ha pronosticado que habrá más precariedad, porque la única vía de salida a la crisis implantada es el despido, lo que vendrá acompañado de elevados niveles de desempleo y baja productividad, que se traducirá en un mayor empobrecimiento de la sociedad.
Del nuevo contrato indefinido para pymes y autónomos Méndez ha opinado que es una manera "burda" de reducir estadísticamente los contratos temporales.
Entretanto, la reforma laboral ha sido hoy publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que ha permitido conocer la letra pequeña.
Así, el empresario podrá unilateralmente recortar sueldos y jornadas, fijar vacaciones, suspender contratos y cambiar las funciones de sus trabajadores si existen "probadas" razones económicas, técnicas, organizativas o de producción bien de forma individual o de colectiva.
Los representantes de los trabajadores dejarán de ser los únicos que tienen prioridad para permanecer en una empresa que presenta un ERE. Ahora se extiende a asalariados con cargas familiares, mayores de determinada edad o discapacitados.
Al mismo tiempo, desaparece la limitación -antes tenía que afectar a un mínimo de 100 asalariados- para que las empresas con beneficios despidan y se hagan cargo de parte de ese coste.
AGENCIAS/Madrid
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