Don Manuel José Quintana, diputado de las Cortes de Cádiz, liberal, prodigioso literato, propuso una iniciativa parlamentaria relativa a fomentar la escuela pública, universal y gratuita como fórmula para hacer una nación más próspera y a sus ciudadanos más libres. Basándose en el informe presentado en la Asamblea Legislativa de Francia, similar a éste, la Cortes acabaron aprobando un proyecto que trataba de impulsar a la educación como garante de las libertades y la prosperidad.
Doscientos años después, Esperanza Aguirre, guiada por un turboconservadurismo de bajo nivel cultural, ha decidido prescindir de tres mil interinos y, por lo tanto, obligar a que profesores de educación física impartan lengua, que profesores de matemáticas den ciencias naturales, que alumnos de alemán se queden sin la asignatura o que sea imposible desdoblar las clases de matemáticas.
No se trata de ahorrar. La oposición le ha ofrecido otras partidas, como si de un leviatán se tratara, pero ésta, la presidenta del Consejo de Gobierno, ha hecho oídos sordos a la propuesta y ha seguido con el proceso de sustituir la enseñanza pública por la privada. Efectivamente, es de lo que se trata, no es un asunto presupuestario relativo a ahorrar 80 millones de euros, sino de un cambio de modelo educativo.
Si cabe alguna duda recuerden aquella conferencia de Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, en un encuentro religioso en el que sostenía que “hemos elegido mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos” (sic). Cuando Figar decía que “nosotros hemos aumentado las plazas escolares ofreciendo estas plazas a centros que funcionaban como centros privados al 100%” (sic), nadie levantó el dedo para protestar. Figar, en nombre de la Comunidad de Madrid sostiene que “nosotros hemos ofrecido estos lugares gratuitamente a organizaciones religiosas, cooperativas y otras estructuras para que crearan centros sostenidos con fondos públicos pero con gestión privada” (sic). Para ella, “esto indica que en los últimos 6 años hemos abierto 79 centros nuevos de este tipo en la Comunidad de Madrid y hoy en día la proporción entre escuela pública, concertada y privada” haya cambiado (sic). No cabe ninguna duda.
Por eso en Madrid el esfuerzo público supone tan solo un gasto de 3.875,82 euros por alumno, muy por debajo de la media de las regiones españolas cuyo gasto por escolar asciende a 4.474,41 euros y a una enorme distancia de comunidades autónomas como la del País Vasco cuya cifra asciende a 6.576,80 euros.
Se trata de un viejo debate en el que la derecha pretende consagrar un modelo educativo basado en la formación privada y con una educación pública de beneficencia, mientras que la izquierda propone una educación pública, universal y gratuita de gran calidad.
Un debate de hace ¡doscientos años!, una cuestión que ya puso de relieve aquel diputado, intelectual y dramaturgo, Manuel José Quintana. Dos siglos después, los fantasmas de Fernando VII se convierten en sombras para una región, para una nación, que merece sustentar en la educación su futuro como país.
Antonio Miguel Carmona
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