PRESENTACIÓN A LOS ALCALDES DEL DECRETO-LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL EMPLEO

Isabel Ambrosio, Ana Conde e Isabel Baena Foto. Europa Press

La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, acompañada por la directora general de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, Ana Conde, y la delegada territorial para la Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, Isabel Baena, presentaron ayer a los alcaldes el decreto-ley de inclusión social del empleo, aprobado recientemente. Según manifestó la delegada del Gobierno, "el objetivo ha sido compartir con los ayuntamientos la filosofía, objetivos y líneas de acción de este decreto, que es una herramienta más para, en colaboración con ayuntamientos y otras entidades, luchar contra la crisis, fomentar el empleo y ayudar en sus necesidades más básicas a aquellas personas y familias que peor lo están pasando". Se prevén en la provincia unas 2.500 contrataciones.

En este sentido, Ambrosio explicó que "los ayuntamientos demuestran una vez más su interés y compromiso con sus vecinos, especialmente por aquellos que lo están pasando peor y tienen más dificultades", al tiempo que expuso que la Junta apuesta por resolver los problemas de las personas en riesgo de exclusión, con medidas para el empleo y para la solidaridad, con el fin de seguir dando respuesta a las necesidades de la sociedad". Con este decreto, según dijo la delegada, "unas 18.000 personas de toda la provincia se podrán ver beneficiadas, entre ellas mayores y niños, dos colectivos sensibles y a los que nos debemos".

Por su parte, la directora general de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias destacó el hecho de que Andalucía cuente por segundo año consecutivo con un plan de esas características, "porque la situación lo requiere y la Junta ha incluido en el nuevo decreto medidas nuevas, como son el acceso a un puesto de trabajo por parte de aquellas personas que hasta ahora han percibido el ingreso mínimo de solidaridad a través de empresas de inserción y entidades sociales que contratarán a estas personas por un periodo de seis meses". Según señaló Ana Conde, el objetivo es "tener la posibilidad de acceder al mercado laboral, cotizar y en un futuro tener la posibilidad de acceder a otro tipo de prestaciones sociales que ofrece la Junta"