Los esfuerzos del Gobierno andaluz han estado
dirigidos a mantener las prestaciones y los servicios de la atención a
la dependencia, así como a paliar la repercusión de los recortes que se
están llevando a cabo por parte del Gobierno central. Así lo ha
expresado la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero,
en sede parlamentaria donde ha recordado las medidas que ha ido
poniendo en marcha Andalucía para hacer frente “al desmantelamiento del
sistema de atención a la dependencia que se está realizando por el
Gobierno de España”.
Montero ha expresado además un rotundo rechazo tanto a los recortes efectuados por parte del Gobierno central como a la forma de tomar las decisiones, ya que estas medidas se han puesto en marcha “con una falta de transparencia absoluta, asfixiando a las comunidades autónomas y sin consenso”. En este sentido, la consejera ha instado a “consultar las actas del Consejo de la Dependencia para comprobar que las decisiones no se han tomado por consenso ya que Andalucía se opuso en su momento y se sigue oponiendo a estos recortes”. La titular del ramo ha añadido que Andalucía también se opone a un incremento del copago como plantea el Gobierno de España, que recae “en una población muy vulnerable y merma las posibilidades de proyecto personal y bienestar individual para estas personas”.
Respecto al mantenimiento de las prestaciones, la titular del ramo se ha referido a dos ámbitos que son clave del sistema en Andalucía porque permiten a la persona en situación de dependencia permanecer en su entorno habitual o familiar. Así, en Andalucía se ha conseguido reducir del 15 al 13,2% la disminución de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Con ello se alivia la situación de muchas mujeres que tradicionalmente han cuidado de sus familiares sin recibir ningún reconocimiento, y que no tienen otra fuente de ingresos que esta ayuda ya que, además, su situación familiar no les permite incorporarse al mercado de trabajo.
Asimismo, con la reciente aprobación del Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes contra la Exclusión Social, se han destinado 20 millones de euros para que los Ayuntamientos puedan mantener la Ayuda a Domicilio y así salvar 2.500 empleos. Se estima además que esta iniciativa permitirá prestar servicio a 15.000 personas y va especialmente dirigida a las personas en situación de dependencia moderada, perjudicadas también por el Real Decreto Ley del Gobierno de la nación.
Con estas medidas, el Gobierno andaluz ha conseguido que Andalucía siga siendo la comunidad líder en la aplicación de la ley de dependencia, con el 26% de todas las prestaciones totales concedidas en España. A 31 de marzo de 2013 había 251.000 prestaciones concedidas y 183.100 personas beneficiarias. El 24% de todas las personas con derecho a prestación en España se encuentran en Andalucía.
Además, respecto a los servicios de proximidad, el Servicio de Teleasistencia en Andalucía lo están recibiendo 177.000 personas, de las que 63.700 son personas en situación de dependencia (el 50% del total nacional) y el Servicio de Ayuda a Domicilio de la dependencia lo reciben 48.000 personas, el 38% del total nacional.
Recortes que ponen en riesgo el SAD
Montero ha afirmado que Andalucía va a seguir trabajando en la línea de mantener las prestaciones pero ha recordado que “sin la participación del resto de Administraciones, la atención a la dependencia corre un serio riesgo de deteriorarse”. En este sentido, ha matizado que una administración no puede por sí misma sostener el sistema de atención a la dependencia y que “si el Estado se retira, las comunidades autónomas no podrán asumirlo solas”. Actualmente, con las medidas impuestas por el Gobierno central, Andalucía está aportando el 75% mientras que el Estado ha disminuido su parte al 25%. Hace siete años, cada administración aportaba el 50%, a partes iguales.
Los recortes del Gobierno central han sido fundamentalmente la disminución del 15% de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar; la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras; la priorización de las prestaciones de servicios profesionales; el copago de un 5% en los servicios; la bajada de la intensidad de las prestaciones; el retraso de la incorporación de la dependencia moderada en el sistema. Junto a ello, desde el Plan Nacional de Reformas, se insta a potenciar la colaboración público-privada en materia de dependencia, lo que viene a confirmar la cesión al sector empresarial de un sistema en el que debe primar la garantía del derecho a la atención a las personas en situación de dependencia frente los intereses económicos de terceros.
Estos recortes del Gobierno de España están teniendo repercusión en la ciudadanía andaluza si bien menos que en otras comunidades, “dada nuestra firme apuesta por mantener estos derechos que tanto nos ha costado conquistar”, ha resaltado la titular de Bienestar Social.
Montero ha expresado además un rotundo rechazo tanto a los recortes efectuados por parte del Gobierno central como a la forma de tomar las decisiones, ya que estas medidas se han puesto en marcha “con una falta de transparencia absoluta, asfixiando a las comunidades autónomas y sin consenso”. En este sentido, la consejera ha instado a “consultar las actas del Consejo de la Dependencia para comprobar que las decisiones no se han tomado por consenso ya que Andalucía se opuso en su momento y se sigue oponiendo a estos recortes”. La titular del ramo ha añadido que Andalucía también se opone a un incremento del copago como plantea el Gobierno de España, que recae “en una población muy vulnerable y merma las posibilidades de proyecto personal y bienestar individual para estas personas”.
Respecto al mantenimiento de las prestaciones, la titular del ramo se ha referido a dos ámbitos que son clave del sistema en Andalucía porque permiten a la persona en situación de dependencia permanecer en su entorno habitual o familiar. Así, en Andalucía se ha conseguido reducir del 15 al 13,2% la disminución de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Con ello se alivia la situación de muchas mujeres que tradicionalmente han cuidado de sus familiares sin recibir ningún reconocimiento, y que no tienen otra fuente de ingresos que esta ayuda ya que, además, su situación familiar no les permite incorporarse al mercado de trabajo.
Asimismo, con la reciente aprobación del Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes contra la Exclusión Social, se han destinado 20 millones de euros para que los Ayuntamientos puedan mantener la Ayuda a Domicilio y así salvar 2.500 empleos. Se estima además que esta iniciativa permitirá prestar servicio a 15.000 personas y va especialmente dirigida a las personas en situación de dependencia moderada, perjudicadas también por el Real Decreto Ley del Gobierno de la nación.
Con estas medidas, el Gobierno andaluz ha conseguido que Andalucía siga siendo la comunidad líder en la aplicación de la ley de dependencia, con el 26% de todas las prestaciones totales concedidas en España. A 31 de marzo de 2013 había 251.000 prestaciones concedidas y 183.100 personas beneficiarias. El 24% de todas las personas con derecho a prestación en España se encuentran en Andalucía.
Además, respecto a los servicios de proximidad, el Servicio de Teleasistencia en Andalucía lo están recibiendo 177.000 personas, de las que 63.700 son personas en situación de dependencia (el 50% del total nacional) y el Servicio de Ayuda a Domicilio de la dependencia lo reciben 48.000 personas, el 38% del total nacional.
Recortes que ponen en riesgo el SAD
Montero ha afirmado que Andalucía va a seguir trabajando en la línea de mantener las prestaciones pero ha recordado que “sin la participación del resto de Administraciones, la atención a la dependencia corre un serio riesgo de deteriorarse”. En este sentido, ha matizado que una administración no puede por sí misma sostener el sistema de atención a la dependencia y que “si el Estado se retira, las comunidades autónomas no podrán asumirlo solas”. Actualmente, con las medidas impuestas por el Gobierno central, Andalucía está aportando el 75% mientras que el Estado ha disminuido su parte al 25%. Hace siete años, cada administración aportaba el 50%, a partes iguales.
Los recortes del Gobierno central han sido fundamentalmente la disminución del 15% de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar; la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras; la priorización de las prestaciones de servicios profesionales; el copago de un 5% en los servicios; la bajada de la intensidad de las prestaciones; el retraso de la incorporación de la dependencia moderada en el sistema. Junto a ello, desde el Plan Nacional de Reformas, se insta a potenciar la colaboración público-privada en materia de dependencia, lo que viene a confirmar la cesión al sector empresarial de un sistema en el que debe primar la garantía del derecho a la atención a las personas en situación de dependencia frente los intereses económicos de terceros.
Estos recortes del Gobierno de España están teniendo repercusión en la ciudadanía andaluza si bien menos que en otras comunidades, “dada nuestra firme apuesta por mantener estos derechos que tanto nos ha costado conquistar”, ha resaltado la titular de Bienestar Social.
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