Esta nueva iniciativa de inclusión social del Gobierno andaluz se suma, hasta alcanzar los 158 millones de euros, a otras como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión o las ayudas económicas familiares.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha desglosado este conjunto de medidas enfocadas a la creación de empleo y al fomento de la solidaridad para que "nadie se quede atrás", en la línea del compromiso asumido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Asimismo, ha precisado que se trata de "una legislación con letra del Estatuto de Autonomía", que aúna esfuerzos de todas las administraciones para favorecer "la plena inclusión de las familias en la sociedad".
La norma se aglutina en torno a tres planes: el de Inserción a través del Empleo, el Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Extraordinario de Garantía Alimentaria. El Gobierno andaluz defiende que la principal medida de integración e inserción social es el empleo; que es necesario introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y también asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión, especialmente personas mayores y menores.
El Plan de Inclusión a través del Empleo, que cuenta con un presupuesto de 42 millones de euros, recoge un Programa Extraordinario de Ayudas a la Contratación a través de los ayuntamientos. A esta iniciativa, que tiene previsto más de 25.000 contratos, con una duración de entre 15 días y tres meses, tendrán acceso además las personas sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social. Las ayudas se distribuirán entre los municipios de manera proporcional al número de personas en paro.
El Decreto Ley incluye como novedad la posibilidad que las personas perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad, conocido como salario social, se reincorporen al mercado laboral.
A partir de ahora, estos podrán ser contratados, durante un máximo de seis meses a jornada completa, por empresas de economía social y de inserción, a las que la Junta concederá hasta 2.500 euros por trabajador.
La medida está dotada con dos millones de euros. A este respecto, Sánchez Rubio ha abundado en la relevancia de esta nueva medida, porque "las personas no quieren ayudas, quieren un puesto de trabajo".
Por otra parte, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía, con un presupuesto de 11 millones, incluye un Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, y la ampliación de las ayudas económicas familiares. Con respecto al primero, se trata de nuevas prestaciones a gestionar por los ayuntamientos y destinadas a familias más vulnerables para sufragar suministros básicos (agua y luz); el equipamiento esencial de vivienda, como muebles o reparaciones; necesidades urgentes de alimentación y vestido, o el pago del alquiler. Las entidades locales recibirán de la Junta entre 3.900 y 52.000 euros en función del número de desempleados del municipio. El programa está dotado con 6,5 millones.
Asimismo, el Decreto Ley de Inclusión aprobado amplía de 1,4 a 5,9 millones la dotación de las Ayudas Económicas Familiares. Estas prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. El objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social en las familias andaluzas.
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Las personas destinatarias del Programa extraordinario de Ayuda a la contratación de Andalucía son:
-las personas en edad laboral pertenecientes a una unidad familiar que reúnan los requisitos establecidos.
- A tal efecto, se considera unidad familiar la constituida por la persona destinataria del Programa y
en su caso, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita u otra relación análoga debidamente
acreditada y los hijos e hijas de uno u otro si existieren, con independencia de su edad, así como en su caso las
personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento familiar, que residan en la misma vivienda.
Requisitos de las personas destinatarias.
Las personas destinatarias del Programa extraordinario de Ayuda a la contratación de Andalucía deberán
estar empadronadas en el municipio donde presenten la solicitud y reunir los siguientes requisitos:
a) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la contratación financiada con
cargo a este Programa se encuentren en situación de demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de
empleo y no hayan trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud.
b) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la contratación financiada con
cargo a este Programa pertenezcan a una unidad familiar donde concurran las siguientes circunstancias:
1.º Que al menos un año antes de la presentación de la solicitud para acogerse a la contratación
financiada con cargo a este Programa todos las personas que componen la unidad familiar hayan
estado empadronadas como residentes en un mismo domicilio ubicado en un municipio de la
comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de las personas menores nacidas, adoptadas
o acogidas con posterioridad a esa fecha, las víctimas de violencia de genero y las personas
andaluzas retornadas.
2.º Que el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas que forman la unidad
familiar sea:
- Inferior al Indicador Público de renta de efectos Múltiples (IPreM), para unidades familiares de
una sola persona.
- Inferior a 1,3 veces el IPreM para unidades familiares de dos personas.
- Inferior a 1,5 veces el IPreM para unidades familiares de tres personas.
- Inferior a 1,7 veces el IPreM para unidades familiares de cuatro o más personas.
A tal efecto, se computarán los ingresos de cualquier naturaleza que cada miembro de la unidad familiar
haya percibido durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a la contratación financiada con cargo a este Programa.
c) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, acreditada mediante informe realizado por la persona trabajadora social de los Servicios comunitarios.
El informe social solo se emitirá si la persona solicitante cumple los requisitos señalados.
PARA MÁS INFORMACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE CADA MUNICIPIO.
El Consejo de Gobierno ha autorizado el inicio de la tramitación del anteproyecto de la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, que impulsará en la comunidad autónoma nuevas formas de democracia directa complementarias del modelo representativo. El texto regula la ampliación de los derechos de participación y de las fórmulas de gobierno abierto y transparencia ya recogidas en el Estatuto de Autonomía, posibilitando su ejercicio dentro de los límites del actual marco legislativo y haciéndolo extensible a los mayores de 16 años con vecindad en Andalucía.
"Es una ley democráticamente decisiva, importante en materia de democracia e innovadora" que sitúa a Andalucía, "a la vanguardia en materia de democracia real". Además, ha resaltado el carácter "transversal y transformador" de la norma, que "impulsará una nueva relación cultural entre la ciudadanía y el gobierno que le representa".
"Esta ley es la expresión más acabada de ese gobierno cercano que aspira a decidir con los ciudadanos, un gobierno abierto basado en los pilares de la transparencia, de la participación y de la colaboración estrecha con los ciudadanos y las organizaciones que los representas", ha añadido.
De acuerdo con el anteproyecto, se abren tres líneas fundamentales para hacer posible la intervención ciudadana en las decisiones de gobierno: las consultas participativas, los presupuestos participativos y la presentación directa de propuestas e iniciativas. Este ejercicio será efectivo tanto directamente como a través de entidades de participación (organizaciones sin ánimo de lucro, plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica). Asimismo, los actuales órganos colegiados dependientes de las administraciones serán reforzados para facilitar el control ciudadano de las políticas públicas. El objetivo es que la ciudadanía pueda marcar prioridades en las partidas de gasto.
El anteproyecto establece mecanismos de participación para la adopción de actuaciones públicas de singular impacto o relevancia; la elaboración de planes, programas y presupuestos; las propuestas normativas; la prestación de servicios, y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Con el fin de agilizar al máximo esta intervención, está prevista la creación de una unidad específica de referencia para la democracia digital, así como de la Organización Administrativa de la Participación Ciudadana.
Si bien los procesos participativos regulados no tienen carácter vinculante, el anteproyecto obliga a las administraciones públicas a tomar en consideración sus resultados y, en caso de no incorporarlos, ofrecer públicamente una respuesta motivada.
Consultas participativas
En relación con las consultas participativas, el texto las define como votaciones no vinculantes sobre asuntos de interés público de competencia autonómica o local, excluyendo todos aquellos que sean contrarios al ordenamiento jurídico, la dignidad de las personas o los derechos fundamentales. Para ellas se regula un mecanismo de votación específico que no requerirá de la autorización del Gobierno central ni de la intervención de la Junta Electoral de Andalucía, y que utilizará como base el padrón de habitantes y los residentes mayores de 16 años.
Las consultas podrán ser de iniciativa ciudadana o institucional y de ámbito autonómico o local. En el primer caso, deberá crearse una comisión promotora compuesta de tres miembros con derecho a voto, que no sean parlamentarios, alcaldes o concejales. Este órgano deberá presentar una memoria explicativa y el texto de la pregunta ante la persona titular de la Presidencia de la Junta, que autorizará la convocatoria vía decreto. La iniciativa de ámbito autonómico requerirá el apoyo de un mínimo de 40.000 firmas.
En las consultas participativas locales, la iniciativa institucional corresponde a la Corporación local mediante acuerdo adoptado por mayoría simple a propuesta de la Presidencia, de al menos dos grupos políticos o de un tercio de los miembros del Pleno.
La convocatoria de la iniciativa ciudadana local requerirá de un apoyo mínimo de firmas en función de los tramos de población. Así, se fija un 10% para los municipios de menos de 5.000 habitantes; 500 más del 7% de la población si se trata de localidades de entre 5.000 y 50.000 habitantes; 3.650 firmas más del 5% de la población para las que excedan los 50.000, y en las localidades de más de 100.000 habitantes, deberán reunirse como mínimo un total de 6.150 firmas más del 3% de la población, con el límite máximo de 40.000.
